DECLARACIÓN PÚBLICA

Sea lo primero decir que el Batallón de Infantería N.° 33 Junín, adscrito a la Décima Primera Brigada, desarrolla acciones contra estructuras del grupo armado organizado Clan del Golfo y con el fin de proteger a las comunidades que habitan esa región. De acuerdo a lo anterior el día 28 de agosto de 2023, ingresó un pelotón con el objetivo de realizar tareas de reconocimiento, en atención a la información previa con la que se contaba, de corredores de movilidad empleados para las economías ilícitas por parte de grupos criminales.  

Ahora bien, los Comandantes adelantan operaciones militares a través del mando tipo misión, y esto requiere un proceso militar de toma de decisiones, donde se planea, prepara, ejecuta y evalúa; asimismo los Comandantes subordinados aceptan riesgos prudentes y deben ejercer iniciativas disciplinadas. 

Sin embargo, lo registrado en los videos y los resultados de la inspección determinaron que los procedimientos efectuados, fueron totalmente contrarios al actuar institucional, trasgrediendo las normas, las leyes y la doctrina militar, al realizar actos inapropiados en contra de la población civil, emplear prendas no autorizadas, cubrirse el rostro, usar inadecuadamente las armas de la República; entre otros aspectos tácticos militares. 

Igualmente, en el marco del principio constitucional de colaboración armónica; el Ejército Nacional prestó los apoyos logísticos para que las comisiones de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Justicia Penal Militar y Policial, iniciaran los procesos investigativos correspondientes, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.

El ente acusador comunicó, que desarrollará su investigación bajo tres líneas de trabajo: Actos en contra de los Derechos Humanos, Línea fucsia e Investigación del ataque sufrido por el helicóptero que transportaba las comisiones y, seguido a ello, la Procuraduría General de la Nación informó que por poder preferente asumió la investigación adelantada en el ámbito disciplinario.   

Del mismo modo, la Justicia Penal Militar y Policial, ha mencionado que se dio inicio a la indagación preliminar N.° 298 por parte del Juzgado de Instrucción Penal Militar N.° 101. 

El Comando del Ejército Nacional, atendiendo la necesidad de tomar medidas administrativas independientes a las que puedan adoptarse en el ámbito disciplinario y penal, dentro de las facultades legales contempladas en el Decreto Ley 1790 de 2000 artículo 100, ha decidido retirar con pase a la reserva a un personal de 06 Oficiales y 04 Suboficiales, que con su actuar han comprometido los principios y valores de la institución.

Por otra parte, por decisión del Comandante de la Fuerza y conforme lo dispuesto en el Decreto Ley 1793 de 2000, en su artículo 13, se ordenó el retiro de 08 soldados profesionales.

Ahora bien, con relación al personal orgánico del Pelotón, que no habría participado en forma directa en los hechos y en virtud de lo descrito en el artículo 24 del Decreto Ley 1793 de 2000, se ordenó el traslado de 13 Soldados Profesionales a Unidades en las que no realizarán actividades operacionales, ni de inteligencia, y cumplirán labores administrativas y servicios de régimen interno, en tanto se definen los procesos de investigación activos.

Del mismo modo y según las recomendaciones médicas, el Oficial Comandante de la Compañía, cumplirá su tratamiento e incapacidad y seguirá vinculado a las investigaciones que cursan por estos hechos.

Igualmente, se están adoptando otras medidas tendientes a fortalecer el aprendizaje desde las Escuelas de formación y capacitación, así como en los Batallones de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento, en aras de evitar estos comportamientos individuales, que se apartan de las políticas y lineamientos institucionales, que han sido recabados de manera constante en los diferentes programas radiales que se difunden a todos los niveles del mando.

Reiteramos el compromiso institucional con nuestros hombres y mujeres; así como con las investigaciones que adelantan las autoridades competentes, para esclarecer los hechos, con el propósito que de esta forma se adopten las decisiones a que haya lugar, en el marco del debido proceso y el derecho a la defensa, y sirvan para ratificar la vocación abnegada de servicio a la Patria de quienes integramos la Fuerza y actuamos en el marco de la legalidad y los valores institucionales.