Sentencia No. 109 RADICACIÓN NÚMERO: 27001-23-31-000-2004-00428-02 ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA DEMANDANTE: AÍDA MARÍA ANDRADES HURTADO y OTROS DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO de DEFENSA - POLICIA NACIONAL y OTROS REFERENCIA: APELACIÓN SENTENCIA

CHAVERRA GARCÍA, DOMINGA CUESTA PALACIOS, ROSMIRA URRUTIA MOSQUERA, YILMAR LEUDO ROMAÑA, EMILIANA RENTERÍA CÓRDOBA, XIMENA MENA MENA, INDIRA MESA MENA, CELSO MOSQUERA CÓRDOBA, MARIA EUSTAQUIA MOSQUERA CHALA, TOMASA CÓRDOBA ORTIZ, MARIBETH MOSQUERA PINO, LUIS ARCADIO MOSQUERA ASPRILLA, EUGENIO VALOYES PALACIOS, ANA FELIPA CÓRDOBA RIVAS, LUZ MARINA MENA VERKIDO, ROSALÍA BLANDÓN MENA, DELIS MARÍA ALVAREZ GAMBOA, HERIBERTO CHAVERRA VALENCIA, QUINTINA CUESTA MARTÍNEZ, EMIRO MENA PÉREZ, MIGUELINO RENTERÍA MOSQUERA, MIRIAN MARTÍNEZ, MAÍDA LENIS RAGGA, ALEJO RENTERIA CORDOBA, ENRIQUE CUESTA MOYA, ENITH URRUTIA MOSQUERA, MARIA NURIS PALACIOS LARGACHA, ANA LIDIA RENTERÍA CÓRDOBA, ESAÚ PALACIOS HINESTROZA, ARISLEDA RIVAS CHAVERRA, PABLO ANTONIO ABADÍA PALACIOS, WILSON PALACIOS ASPRILLA, ZENAIDA PINO MOSQUERA, AMALIA MURILLO MOSQUERA, ANA MILENA GARCÍA COPETE, PILAR DE CARMEN MENA BLANDON, CELINA CHAVERRA ALLÍN, LUZ MARINA RENTERÍA CÓRDOBA, YIRTON ASPRILLA BARCO, FROILÁN CAICEDO CÓRDOBA, BENJAMÍN CHAVERRA HURTADO, CARLOS ANDRÉS CUESTA BLANDÓN, ALIRIO CHAMI CANSARI, LUZ MARINA CAÑOLA DE PALACIOS, PEDRO LUIS LESCANO CORREA, LUIS ELY PINO GARCÍA, GLADIS MARÍA CUESTA BLANDÓN, NEISON MOSQUERA PALOMEQUE, MANUEL HERMINIO PALACIOS ASPRILLA, VIRGINIA PALACIOS PEÑALOSA, MARCIAL PINO GARCÍA, ANA LORENZA GARCÍA, ELVIA TULUÁ HERRÓN ZÚÑIGA, MANUEL ANTONIO PALACIOS ASPRILLA, YASNICE PALACIOS HERRÓN, ANNY PATRICIA IZQUIERDO PALOMEQUE, ANA ZORAIDA PINO PALACIOS, MELKIS RAMÍREZ HINESTROZA, ANA BERCELIA ROMAÑA RAGGA, ROSA MARÍA PEREA MOSQUERA, WILSON CÓRDOBA BUENAÑOS, EFRAÍN BUENAÑOS PINO, ESILDA MARÍA PALACIOS ROMAÑA, PELEGRINA ZÚÑIGA MURILLO, LUIS MANUEL YANES MURILLO, RAFAEL ANTONIO YANES MURILLO, YANICEL PALACIOS MURILLO, PIEDAD DEL C. YANES MURILLO, OLGA MARÍA LEMUS SALAMANDRA, GORGONA CUESTA ESCOBAR, ERCILIA PALACIOS PINO, YADIRA CHAVERRA ROBLEDO, ROSALBA SANTOS CÓRDOBA, OMAIRA HINESTROZA DE CHAVERRA, CÁNDIDA A. CHALA GUARDIA, LUZMILA RODRÍGUEZ C., ADELIO ESPINOSA PÉREZ, JOSÉ PALACIOS DOMÍNGUEZ, EFRÉN ESPINOSA VALENCIA, ANA MARÍA CHAVERRA CÓRDOBA, AURELIO PINO CUESTA, JAMINTON TORRES BALOY, MARÍA SEGUNDA VALENCIA ÁLVAREZ, LIBIS M. BLANDÓN CHAVERRA, OBEDULIA CÓRDOBA ARIAS, LINDA EMERITA PALACIOS PALACIOS, RUBIELA ROVIRA PALACIOS, MANUEL ANTONIO ROA PALMA, OLIVIA MENA ROMAÑA, ROSA LILIA CORREA CHAVERRA, LIBORIO CHAVERRA MURILLO, ETENORDO CUESTA ALLÍN, RONAL UNFRED MORENO, MAIS RUBIELA PEREA POTES, MILTON MENA VALENCIA, VENTURA DOMÍNGUEZ MENA, JEILER ESPINOSA CHAVERRA, ERLIN ESPINOSA CHAVERRA, DESIDERIO ESPINOSA, DELCIDO HINESTROZA MENA, YAMILETH PALACIOS RENTERIA, KELLY JOANA MACHADO PALOMEQUE, LUCINDA DEL CARMEN ROMAÑA PALACIOS, LIBIA GUARDIA ROMAÑA, LUIS ANÍBAL PALACIOS MOSQUERA, SOL MARÍA HERIDA BECERRA, ORTELINA BLANDÓN CÓRDOBA, ESTERCILIA PALACIOS MARTÍNEZ, YILMA MARÍA ASPRILLA PALACIOS, JOSÉ MARTÍN BLANDÓN PEREA, EUSEBIA ROMAÑA PALACIOS, LUIS ÁNGEL PEREA PEREA, CANDELARIO CÓRDOBA PALACIOS, SANTOS MENA PALACIOS, MARIBEL MOSQUERA 

2ª Instancia R/D  
Radicado: 27001-33-31-000-2004-00428-02  
De: Aída María Andrades Hurtado y Otros  
Contra: Nación – Ministerio de Defensa y Otros

El escenario fáctico del cual se pretende derivar la responsabilidad estatal se puede resumir en el siguiente recuento de

Hechos:
Se extrae que en el sitio Bellavista, jurisdicción del municipio de Bojayá - Chocó, y como resultado de los enfrentamientos armados que se estaban presentando en la región entre un grupo paramilitar y las Farc, por el control territorial de la zona se produjo la muerte de muchas personas en el fuego cruzado entre los bandos criminales en contienda. Dicen que al momento de los hechos no había presencia institucional de la fuerza pública, la que hubiera podido evitar los hechos que se produjeron o por lo menos mitigar sus efectos; indican que es sabido, no obstante, que los grupos al margen de la ley desde años atrás operan en la zona y luchan por su control, dada la importancia estratégica de la región para sus propósitos delincuenciales.

Sin respetar que los moradores de la población de Bellavista y de muchos corregimientos de ese municipio se encontraban dentro de la iglesia resguardándose del posible atentado que temían se llevara a cabo por guerrilleros de las Farc, el día 2 de mayo de 2002 se enfrentan 2 grupos armados ilegales que merodeaban libremente sin ningún control estatal por esas comarcas, dejando un saldo de muertos, lesiones personales, destrucción de la localidad, luto y pánico en los moradores. Fue este hecho el que provocó que los demandantes salieran con destino a Quibdó, convirtiéndose en desplazados forzados.

Las autoridades tanto administrativas como militares del Chocó habían requerido a las autoridades militares de Bogotá y al Ministro de la Defensa para que tomaran medidas que impidieran el enfrentamiento de los grupos ilegales que era latente en la región del Medio Atrato chocoano, pero los requerimientos fueron ignorados por las autoridades nacionales encargadas de prestar el servicio de seguridad y protección a la ciudadanía, así que la contienda entre las Autodefensas y la guerrilla de las Farc se desató en la región sin que la fuerza pública tomara cartas en el asunto.

Los demandantes en custodia de sus vidas y por instinto de conservación se vieron obligados a abandonar su comarca, sus modos de vida, viviendas, sus enseres, utensilios, animales domésticos, sus crías, sus cultivos, plantaciones, materiales, elementos de trabajo, para irse a Bellavista inicialmente y luego a Quibdó, circunstancia que aumenta la intensidad de su abatimiento por la situación de pobreza absoluta en que se encuentran.

Fundamentos de derecho:
Señala que al Estado debe declarársele responsable de los hechos que ocasionaron perjuicios a los demandantes, pues las autoridades -Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Ejército Nacional- omitieron las acciones de protección de las comunidades de los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte, desconociendo con ello la Constitución Política -artículo 90- y la Ley 387 de 1997, circunstancia que produjo daños materiales y morales, sufridos por la pérdida de muebles, cultivos y semovientes, en un hecho notorio que obligó a los moradores de esas comarcas entre.